#Covid_19 : PROYECTO PARA INCLUIR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO PRIORITARIO DE VACUNACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la incorporación, entre los grupos prioritarios
del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, a las personas
con discapacidad con factores de riesgo o institucionalizadas.
Eduardo R. Costa.- Mario R. Fiad.- María B. Tapia.- Silvia del Rosario
Giacoppo.- Laura E. Rodriguez Machado
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La pandemia ocasionada por el coronavirus (SARS-CoV-2) está
causando irreparables costos humanos, sanitarios, sociales y
económicos a nivel global y la vacuna representa hoy una herramienta
de prevención esperanzadora, recomendada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En un contexto de desconcierto e incertidumbre, todos los países se
vieron en la necesidad de diseñar un plan estratégico de vacunación
que se ajuste a la disponibilidad de dosis que van llegando a cada país
y Argentina no escapa a ello.
En este sentido, el Gobierno Nacional firmó una serie de acuerdos con
algunos de los grandes productores. Las vacunas buscan reducir la
incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes
relacionadas con la enfermedad y restablecer de manera gradual una
nueva normalidad en el funcionamiento de nuestro país.
Sin embargo, como todos sabemos, la demanda superó la oferta y la
escasez de vacunas es hoy un gran problema a nivel mundial y que
dificulta en todas las escalas la toma de decisiones.
Este escenario nos plantea como sociedad un gran desafío y es el de
llevar adelante un plan estratégico de adquisición, distribución y
administración de estas vacunas, protegiendo siempre a los grupos que
presenten mayores riesgos en caso de contagio.
En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la
vacunación se llevaría a cabo de forma gradual o por etapas y determinó
un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una
de las etapas establecidas.
Éstas etapas, y los grupos de población que las componen, están dadas
fundamentalmente por criterios epidemiológicos como la carga de
enfermedad, la tasa de mortalidad por grupos de edad, la tasa de
incidencia de la enfermedad por sitio geográfico; y su implementación
se organiza de acuerdo a diferentes aspectos: logísticos; disponibilidad
de los insumos y recursos.
Asimismo, el criterio de distribución de las vacunas se establece en
consenso con las provincias de acuerdo a la población objetivo definida
en los planes operativos provinciales y la disponibilidad de vacunas que
puede afectar las estimaciones iniciales.
Si bien el Gobierno Nacional, para llevar adelante el Plan de Vacunación
Nacional, determinó que los grupos de mayor riesgo están conformados
por las personas mayores de 60 años, las que tienen enfermedades
respiratorias o cardiovasculares y las que tienen afecciones como
diabetes, también definió que los criterios a tomar para dar prioridad
estarían dados por el riesgo por exposición y función estratégica, es
decir, personal de salud y docentes, por ejemplo.
Sin embargo, consideramos que hay un grupo que se ubica dentro de
los grupos vulnerables y que no ha sido considerado como prioritario en
el plan inicial de vacunación: las personas con discapacidad que
presenten uno o más factores de riesgo o se encuentren
institucionalizadas. La Resolución 627/2020, de marzo 2020, si bien
incorporó entre los grupos de riesgo a las personas con Certificado
Único de Discapacidad (CUD) en la primera etapa de vacunación
nacional, las autoridades nacionales no las incluyeron en sus
estrategias.
Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con
discapacidad están clasificadas como poblaciones vulnerables en
situaciones de emergencia de salud pública. Las barreras
institucionales, ambientales y de actitud existentes se exacerban, y
otras nuevas aparecen en tiempos de emergencias de salud pública,
restringiendo aún más el ejercicio de los derechos básicos de las
personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la vida, el derecho
al acceso a la atención médica y el derecho a la vida independiente.
Asimismo, de acuerdo a un informe realizado por la Agencia Nacional
de Discapacidad (Andis), en septiembre de 2020, la tasa de letalidad
entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7%,
aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población
en general. Al mismo tiempo, realizó un análisis comparativo entre las
personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y
el total de la población contagiada con COVID-19 en septiembre de
2020. De este estudio, se detectó que ese porcentaje de letalidad entre
la población con discapacidad fue 7%, mientras que el de la población
total es 2,2%: una diferencia de 4,8 puntos porcentuales.
Otro dato relevado por el estudio respecto al porcentaje de personas
con discapacidad recuperadas concluye que éste es menor que el
porcentaje de la población general. Además, observa que entre las
personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras
personas para la vida diaria hay una proporción mayor de fallecimientos:
el 13% frente al 8,3% de personas con discapacidad sin dependencia.
La International Disability Alliance (IDA) remarcó que las personas con
discapacidades se enfrentan a un mayor riesgo de contraer la COVID-
19 debido a las condiciones de salud preexistentes (como problemas
respiratorios) y a las desigualdades en los determinantes sociales y
subyacentes de la salud y el contacto con los proveedores de servicios
de apoyo. Este grupo de riesgo, en caso de contraer COVID-19, corren
un mayor riesgo de desarrollar afecciones críticas o, incluso, de perder
la vida.
Para algunas personas con discapacidades intelectuales o
psicosociales, o para personas autistas, no es factible observar el
distanciamiento físico recomendado o el uso prolongado de máscaras o
cobertura facial y otros requisitos higiénicos. Este es el caso, en
particular, de las personas con discapacidad que viven en entornos de
congregación en los que las tasas de infección son muy elevadas, como
los asentamientos de emergencia, las instituciones psiquiátricas y otros
entornos segregados.
En lo que respecta a la Constitución Nacional como los Tratados
Internacionales a los que nuestro país ha adherido, como la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen que
es obligación del Estado velar, promover y proteger los derechos de
todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan
un apoyo más intenso; por lo que, en este contexto de pandemia,
debería ser tenido presente a la hora de establecer las prioridades que
se están adoptando en torno a la vacunación.
En nuestro país, contamos con la experiencia de algunas provincias
como Neuquén y Mendoza, que comenzaron con la implementación de
un formulario específico para la inscripción de personas con
discapacidad con factores de riesgos asociados, a los fines de recibir la
vacuna contra el COVID-19, en el que se priorizará a este grupo de
riesgo.
El presente proyecto, busca declarar a las personas con discapacidad
con uno o más factores de riesgo o aquellas que están
institucionalizadas dentro del grupo prioritario en la implementación del Plan nacional de vacunación
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en
el presente proyecto.
Eduardo R. Costa.- Mario R. Fiad.- María B. Tapia.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Laura E. Rodriguez Machado
